1. Introducción
La búsqueda de una mayor producción animal encaminada a lograr una alimentación más rica en proteínas y accesible a más niveles sociales ha seguido, en los países occidentales, un complejo proceso. En él han intervenido múltiples factores interdependientes, que en su mayoría ha recibido atención por parte de los investigadores; ya sea la modernización de los sistemas pecuarios tradicionales, el desarrollo de métodos de selección y mejora genética, o las modificaciones en la higiene, sanidad y manejo pecuario1. Sin embargo, en la bibliografía consultada, la utilización de sustancias que fomentan el engorde animal o promotores y el análisis de sus repercusiones no han sido debidamente contemplados.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a los agentes promotores del crecimiento como «aquellas sustancias distintas de los nutrientes de la ración que aumentan el ritmo de crecimiento y mejoran el índice de conversión2 de los animales sanos y correctamente alimentados» (Silván, 2006). Si bien existen trabajos que abordan el estudio de estos productos en determinadas especies o describen sus efectos3, no se han hallado publicaciones que contemplen su utilización con un enfoque histórico global e integrador.
La administración de sustancias para incrementar la producción y rentabilidad ganadera de manera fácil y económica, ¿constituía realmente la panacea? El presente trabajo persigue investigar cuáles fueron las sustancias favorecedoras del engorde en ganadería, cómo surgieron, la cronología de su uso y qué papel tuvieron dentro de la evolución del sector agropecuario español del siglo xx. Asimismo, se describe el impacto sobre los sistemas productivos ganaderos de las distintas políticas y medidas comerciales derivadas de su utilización.
Se pretende complementar los estudios históricos que han mostrado interés por el sector pecuario (GEHR, 1985: 130-131) y del mismo modo responder a la necesidad de investigaciones en este sector, enlazando así con la corriente que presenta a la producción ganadera como elemento dinamizador de la sociedad rural y parte del proceso de innovación industrial a lo largo del último siglo (Martínez Carrión, 1984: 279; Conde, Cifuentes & Fernández Prieto, 2018: 5).
Aunque el estudio se centra en la producción cárnica del pasado siglo en España, la comprensión del escenario en el que se desarrolla ha hecho imprescindible retroceder al siglo xix, en el que se conforma un entramado socioeconómico propicio para garantizar el suministro alimentario. Por otro lado, también se ha ampliado la descripción a otras regiones geográficas a fin de comprender los efectos dentro de un mercado globalizado.
El carácter controvertido de la utilización de promotores del crecimiento, sus repercusiones sanitarias, económicas y de bienestar animal, unido a la dificultad de su seguimiento por su aplicación en el campo o la imposibilidad de ubicar el lugar y fecha exactos de los primeros usos reflejan la complejidad del tema. Por ello, se ha optado por presentar la información en tres apartados: la situación histórica y social que favoreció el uso de estas sustancias, cómo penetraron en el mercado y las repercusiones de su utilización. Esto último ha requerido incluir un análisis de la normativa y la revisión del modelo productivo ganadero basado en la intensificación.
2. El marco histórico de desarrollo de la ganadería industrial
De modo paralelo a la revolución industrial y a la reforma agraria liberal del siglo xix eclosiona un nuevo planteamiento productivo agropecuario basado en la industrialización, la innovación agrícola y la apertura de mercados4. En España, siguiendo un proceso de especialización ganadera desde finales del siglo xix, se empiezan a introducir discretamente nuevos métodos y prácticas zootécnicas.
La denominada crisis agraria finisecular, consecuencia de la primera globalización, implicó ciertos beneficios en la ganadería del contexto internacional (Désert, 1988: 265). Otro tanto ocurrió en la ganadería española, donde la lógica productiva se reorientó en buena parte de los casos a través de la especialización o intensificación (González de Molina et al., 2019: 111; GEHR, 1985: 152; Simpson, 1997: 321-322)5.
La aplicación generalizada de nuevas prácticas zootécnicas durante las primeras décadas del siglo xx (Martínez López, 1996: 46; Sobrino et al., 1981: 25, 42; Naredo, 2004: 283), unida a la adición de los primeros suplementos alimentarios dirigidos a mejorar los rendimientos cárnicos (Guijo, 1947: 779-812), fueron sentando las bases de la intensificación pecuaria, que se impondría medio siglo después con razas orientadas hacia una determinada producción.
El convulso devenir político y económico europeo, marcado por los dos conflictos bélicos mundiales y la crisis de 1929, retrasó la implantación del modelo basado en la especialización e intensificación ganadera en Europa. Hubo que esperar a mediados del siglo xx para que el nuevo sistema continuara su andadura, enfocado entonces al abastecimiento de un continente devastado. Todas las acciones consensuadas en materia agroalimentaria en el mundo occidental y la creación de nuevas instituciones en la segunda mitad del siglo xx son de interés para entender el escenario sobre el que se desarrollaron los acuerdos comerciales y las decisiones que progresivamente han ido forjando el esquema actual.
La inestabilidad consecuente a la Segunda Guerra Mundial, unida a un clima de desconfianza, derivó en la pretensión de establecer un nuevo orden económico mundial que llevase implícita, entre otras muchas cuestiones, la producción alimentaria, la protección del consumidor y un mercado libre de trabas (Clar, Serrano & Pinilla, 2015: 150). Aspectos que se han ido reordenando durante más de medio siglo y que también tuvieron repercusión en España, al encontrarse en una situación similar tras la Guerra Civil (Collantes, 2018: 78). Así, a mediados del siglo xx, Europa se sumerge en un proyecto común de despegue con la creación de las primeras comunidades europeas y la constitución de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA).
La Conferencia de Bretton Woods (Estados Unidos, 1944) constituyó la base de la progresiva liberalización del comercio, que concluyó con la creación del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el esbozo de lo que pretendía ser la Organización Internacional del Comercio. Desde 1946, y antes de que finalizasen los acuerdos de dicha conferencia, la mitad de los países participantes ya habían iniciado reuniones por separado para reducir los aranceles aduaneros y fomentar su comercio, principalmente alimentario. Estas reuniones concluyeron con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio (GATT), que entró en vigor a principios de 1948 y al que sucedieron otras rondas de negociación.
Mientras a escala mundial se trataba de dar forma y consistencia a las redes de intercambio comercial de forma equitativa y globalizada, Europa se recuperaba de la guerra y, por ello, no presentaba inicialmente trabas a la importación. De esta situación comenzaron a beneficiarse algunos países americanos6, que en situación muy distinta a la del Viejo Continente, se plantearon alimentar a la población mundial y consideraron esta actividad como una fuente inagotable de riqueza (Jasiorowski, 1983: 6-7). El afán productivista promovido por la revolución verde (Harwood, 2012: 12-14) llenó las despensas norteamericanas, y esta situación pronto tuvo su reflejo en la producción de cereal europeo y español. De manera escalonada, en estos países se inició la implantación de la fertilización industrial, la dependencia tecnológica del campo y la ansiada expansión de la industria de los piensos para alimento ganadero (Clar, 2005: 523, 537-538; Cabana, 2011: 203; González de Molina et al., 2019: 117, 121).
De este modo, Europa, bajo las secuelas de la guerra, permitió la apertura de mercados e impulsó un nuevo orden de producción agroalimentario que se formalizó en 1962 mediante la Política Agraria Común (PAC)7 (Zobbe, 2001: 1, 5). Una de sus prioridades era obtener grandes cantidades de alimentos en poco tiempo al menor coste posible y convertirse en un continente autosuficiente.
España se sumó a esta acción al empezar a experimentar una apertura de mercados y precisar la recuperación del abastecimiento alimentario tras la Guerra Civil (Aganzo & Dualde, 1997: 52; Clar, 2005: 516).
La situación en España tenía unas peculiaridades derivadas de una trayectoria marcada por diversos hechos ocurridos en la primera mitad del siglo xx8: el conflicto de Cuba, la firma del Tratado de París, con la pérdida de las últimas colonias ultramarinas, la guerra del Rif, unidos a otras transformaciones políticas y sociales, llevaron al país a una dinámica que acrecentó las diferencias sociales y económicas, y retrasó el despegue agrario (Simpson, 1997: 351-356). Los trabajadores del sector exigían reformas de las condiciones laborales y sus retribuciones, y resultaba necesario implantar sistemas de producción más rentables (Burbano, 2013: 3, 31; Florencio & Martínez López, 2000: 105-106; Vilar & Pons, 2015: 189-190).
Aunque ciertos autores afirman la existencia de suficiente cabaña en España para alimentar a su población (Arán, 1936: 512), los datos de estadísticas y censos pecuarios de la época aportan datos poco concluyentes9 y muestran una ganadería con una producción poco rentable (Aganzo & Dualde, 1997: 51-52; Conde, Cifuentes & Fernández Prieto, 2018: 16; Lana & Rípodas, 1992: 123; Martínez Carrión, 1984: 280). El sistema predominante de integración y aprovechamiento agrícola y ganadero, basado en el régimen extensivo, generaba escasos rendimientos (GEHR, 1985: 146-147; Valle, 2011: 10). El deseo de los ganaderos era disponer de animales sanos, con apetito insaciable y altamente productivos. La obtención de animales engrasados resultaba cara para los ganaderos españoles por el elevado precio de las materias primas. Por otro lado, la población continuaba prefiriendo reses jóvenes y magras, en contraposición a los gustos continentales, lo cual comprometía las exportaciones pecuarias (Conde, Cifuentes & Fernández Prieto, 2018: 14; Létard, 1951: 197; Carmona & Puente, 1988: 185-191). Esta última circunstancia estimuló paulatinamente la reorientación y especialización ganadera posterior.
Durante las primeras décadas del siglo xx se fomentaron en España las prácticas reproductivas de selección ganadera (Lanero, 2016: 2-3; Conde, Cifuentes & Fernández Prieto, 2018: 15) y el suministro a los animales de recetas magistrales veterinarias elaboradas en la oficina de farmacia. Algunas de ellas, con agentes denominados engrasantes, pretendían garantizar una producción cada vez más eficiente con reses precoces, de buena conformación, pero no demasiado engrasadas (Arán, 1936: 516, 522).
En este periodo las granjas de porcino, de regencia familiar y destinadas al autoconsumo, dieron paso en algunas regiones españolas a núcleos de producción de animales para el sacrificio y la obtención de rendimiento económico (Naredo, 2004: 266; Florencio & Martínez López, 2000: 101). De modo similar, el ganado vacuno se reorientó hacia la producción cárnica (1920-1930) incrementándose el establecimiento de granjas dedicadas al cebo (Désert, 1988: 252-254). Este nuevo sistema permitió que proliferasen explotaciones y centros de sacrificio, reunidos en las inmediaciones de las poblaciones más destacadas (Valle, 2011: 10; González de Molina et al., 2019: 112; Moreno, 2008: 379)10.
Tras la Guerra Civil y durante el primer franquismo, España sufrió un retroceso en el proceso de especialización e intensificación ganadera iniciada a principios de siglo11. Se trata de un periodo de dificultad social y política, en el que era preciso recuperar el tejido industrial perdido. El sector agropecuario exigía además una reorganización del entramado asociativo, ahora encuadrado jerárquicamente en hermandades de labradores y ganaderos y cooperativas (Vilar & Pons, 2015: 179; Naredo, 2004: 218). La desatención de las políticas agrarias se hizo evidente, y fue años más tarde, a mediados de la década de 1950, cuando empezaron a fructificar en las regiones más ganaderas las primeras explotaciones intensivas especializadas (Aparicio, 1961: 191; Lanero & Fernández Prieto, 2016: 165-184). A pesar de ello, la doble o triple aptitud del ganado (cárnica, láctea y de trabajo) se mantuvo hasta mediados de ese siglo por razones económicas (Sanz Egaña, 1952: 67; Mason, 1960: 122; Cabana, 2011: 203; Lanero, 2016: 2).
La apertura de mercados que inició Europa a mediados del siglo xx permitió el establecimiento de fuertes vínculos comerciales con países americanos para facilitar los intercambios alimentarios. Posteriormente, al verse recuperada y reabastecida, Europa redujo el comercio y esta situación se tradujo en un foco de conflicto con ciertos territorios.
España, totalmente dependiente del exterior tras la Guerra Civil e inmersa en una autarquía por el aislamiento, estableció relaciones con Estados Unidos y con Argentina, lo que supuso el resurgimiento gradual de su mercado exterior y el fin del bloqueo en el que se encontraba desde 1946 por decreto de las Naciones Unidas (Alonso de Tejeda, 1959: 19-20; Clar, Serrano & Pinilla, 2015: 154).
A pesar de disponer de recursos naturales más favorables a la producción extensiva de pequeños rumiantes, en España se impuso la intensificación, expresada en una clara industrialización y especialización ganadera. La proliferación de explotaciones de pollo de engorde y ponedoras, de porcino y vacuno de carne o leche, características del modelo impulsado por la revolución verde, marcaron una tendencia que llega hasta nuestros días (Harwood, 2012: 12-14; Cabana, 2011: 191-212).
3. La penetración de las sustancias estimulantes del engorde animal
El auge en la producción de cereal americano, promovido por la referida revolución verde, permitió al Viejo Continente importar materias primas y ganado selecto, lo que aceleró la intensificación pecuaria, que iba a la zaga de su homóloga americana (Carmona & Puente, 1988: 208; Harwood, 2012: 12-14).
Muchos países, entre ellos España, experimentaron un cambio progresivo en los sistemas productivos con la consecuente modificación en los hábitos alimentarios de la población. En primer lugar, intervinieron un conjunto de actuaciones relativas a la producción ganadera, entre las que destacan el desarrollo de la industria productora de piensos, el plan estatal Acción Concertada12 o la aplicación con éxito de las primeras experiencias de mejora ganadera (selección genética y uso de sustancias promotoras) (Castellá, 1980: 53; Langreo, 2008: 47; Naredo, 2004: 414). La mejora genética se inició en la cornisa cantábrica a finales del siglo xix, gracias a la importación de ejemplares alóctonos para su cruzamiento con razas autóctonas (Lanero, 2016: 2; Lana, 2011: 26; Carmona & Puente, 1988: 199-204, 208). La posterior importación masiva de ejemplares selectos13 permitiría la sustitución de las razas autóctonas, lo que ratificaría la hegemonía de la intensificación ganadera desde 1950-1960 (Langreo, 2008: 46).
En segundo lugar, contribuyeron acciones relacionadas con la evolución industrial y sanitaria, como la mecanización en la producción, la mejora de los transportes y de la industria frigorífica, la integración vertical de la cadena de suministro y el asesoramiento del profesional veterinario en la implantación de sistemas de higienización en las explotaciones (Losada, 2009: 231-232; Létard, 1951: 194; Gil Meseguer & Gómez Espín, 2001: 164; Langreo, 2008: 45-48).
Y, finalmente, el factor socioeconómico. El incremento del poder adquisitivo de la población implicó un mayor consumo de productos de origen animal, en especial los huevos y la carne de porcino inicialmente (Collantes, 2018: 78; Gil Meseguer & Gómez Espín, 2001: 172-174). Se rompía así con la tendencia histórica española caracterizada por dietas pobres en estos productos desde el siglo xvii (Juana, 2001: 15). La migración a grandes urbes, la incorporación de la mujer al mundo laboral y las presiones de los consumidores, que demandaban mayor higiene y calidad, contribuyeron también a cambios importantes en la alimentación (Gil Meseguer & Gómez Espín, 2001: 167; Burbano, 2013: 3, 27-28; Lana, 2011: 31; González de Molina et al., 2019: 113-114), que se vieron favorecidos con la aprobación en 1967 del Código Alimentario Español14. El periodo de incremento de consumo de productos de origen animal en España se corresponde con el auge de la intensificación y un mayor uso de los llamados promotores del crecimiento tradicionales15. Esto implicó que hormonas del crecimiento y sexuales, tireostáticos, antibióticos, β-agonistas y la mezcla con otras sustancias activas en forma de «cócteles farmacológicos»16 salpicaran progresivamente la producción pecuaria.
Una vez descritos los factores conductores o favorecedores del cambio en el modelo productivo, queda ahondar dentro del proceso de intensificación ganadera en la incursión de las sustancias promotoras como instrumentos de mejora del rendimiento cárnico.
Desde el punto de vista pecuario fue la producción aviar la que sentó las bases de la explotación intensiva, a la que pronto se unió la de porcino, años más tarde el vacuno y, finalmente, las de pequeños rumiantes (Gil Meseguer & Gómez Espín, 2001: 167; Sobrino et al., 1981: 54-55; Domínguez Martín, 2001: 42; Fraser, 2006: 2-3). Este esquema se ha seguido en todos los países occidentales, si bien su implantación se llevó a cabo a distinto ritmo en cada territorio. En España este proceso inició su andadura a finales de 1950 y principios de la década de 1960.
En este periodo, a mediados del pasado siglo, se empezó a considerar al animal como una máquina viva de gran rendimiento, transmisor de cualidades productoras a la descendencia (Guijo, 1947: 779-780; Aparicio, 1961: 7). Los objetivos de la evolución industrial y científica fomentaron por ello la investigación en cualquier aspecto de mejora ganadera, basándose todas las alternativas en que el potencial productivo de un animal viene determinado por su tasa reproductiva y fertilidad, su capacidad de crecimiento o eficacia de conversión del alimento y el mantenimiento de su salud (Spedding, 1968: 242-243; Létard, 1951: 191-194).
En ese contexto, se promovieron todo tipo de estudios relacionados con esas facetas y centrados en mejorar los parámetros reproductivos con objeto de encontrar el método ideal para incrementar el ritmo de crecimiento, ya fuese mediante selección genética, técnicas de mejora reproductiva o estimulantes inyectables.
Profesionales como los ingenieros agrónomos y los veterinarios, se convierten entonces en elementos esenciales y adquieren gran peso en el ámbito normativo relacionado con la economía agraria, las políticas de producción alimentaria y los intercambios comerciales (Cid, 2004: 208, 211; Losada, 2009: 232; Lanero, 2016: 2; Caldentey, 1998: 31).
El planteamiento de diferentes ensayos de campo con dietas suplementadas con algunos compuestos químicos de propiedades farmacológicas permite fechar el periodo comprendido entre 1930 y 1940 como el momento difuso en el que se inicia el estudio científico de los promotores del crecimiento17; si bien resulta comprometido establecer una fecha concreta (Andreas, 1960: 329; Rodríguez Castañón, 2007: 2466; Hansson, 1944: 53).
Para dar respuesta a la gran demanda de alimentos en Europa, los ganaderos iniciaron el suministro de algunos preparados estimulantes. Los esfuerzos de los científicos, de la industria farmacéutica y de la productora de piensos sirvieron para cubrir las peticiones del sector, haciéndose evidentes en los congresos científicos, en los que se presentaban estrategias reproductivas y nuevos complementos para mejorar potencialmente el rendimiento o la calidad de la carne (Beeson, 1960: 37).
Se empezó a probar suerte con sustancias sencillas o bien conocidas, como el etanol, o productos naturales que podrían estimular el engorde de aves y suidos (Norris, 1960: 12; Beeson, 1960: 37-38). Muchas de estas sustancias estaban presentes en alimentos proteicos (carnes, pescados y lácteos fermentados). Sin embargo, la dificultad de su aislamiento y mantenimiento y lo cara que resultaba su administración hicieron decaer parcialmente la idea de su uso (Hansson, 1944: 41). En un principio, solo adquirieron popularidad las harinas de pescado, poco después las harinas de carne, los huesos o los sueros lácteos y, finalmente, los preparados elaborados con materias como plumas, vísceras y derivados agrícolas o de la industria alimentaria humana (Poppensiek & Marash, 1983: 40; Guijo, 1947: 788; Runnels & Snyder, 1960: 215-220; Aparicio, 1961: 348). Además de las harinas y similares, desde mediados de siglo se presentaron como alternativa las enzimas (Gil Fortún, 1960: 9-12; García de la Peña, 1970: 57-62), sustancias que por su carácter aminolítico tuvieron gran acogida por el sector primario, pero que paulatinamente se fueron descartando18.
Otros muchos productos tambien tuvieron su oportunidad, como es el caso de los antioxidantes, las vitaminas (A, E, B12), las enmiendas minerales con calcio, zinc, selenio o hierro, las mezclas de aminoácidos, e incluso los suplementos de urea19, que cumplimentaban las necesidades proteicas de los animales (Guijo, 1947: 802; Beeson, 1960: 41-43).
A mediados del siglo xx, las propiedades de los promotores como adyuvante en la produción intensiva sirvieron de reclamo y pronto se presentaron nuevas sustancias farmacológicas como alternativas, al haberse demostrado algún efecto promotor colateral, como es el caso de los antibióticos20. El uso de estos como promotores se prolongó hasta principios del siglo xxi, según determinó la normativa comunitaria. Algunos territorios europeos como Suecia, Alemania o Dinamarca comenzaron su particular restricción, o incluso la total prohibición, dos o tres décadas antes (Rodríguez Castañón, 2007: 2470; Nordéus, 2019: 251).
Otras sustancias, como los arsenicales, categorizados como suplementos químicos, se presentaron como promotores poco antes de 1960, aunque existen evidencias de usos discretos entre 1920 y 193021. Se recomendaba su utilización en avicultura por su actividad coccidiostática y se destinaron a fomentar el crecimiento, ya que incrementan notablemente el apetito y la sed (Guijo, 1947: 804). Su uso resultó sumamente controvertido debido a su alta toxicidad, pues incluso a baja concentración llegaban a ser mortales. Por ello, su prohibición con fines promotores se sucedió con celeridad (Martorell, 1966: 27; Simonnet, 1960: 69).
También a mediados del siglo xx destaca la difusión de los tranquilizantes22, al observarse un efecto promotor colateral en prácticas de manejo ganadero complicadas o en avicultura buscando un efecto de disminución del gasto energético (Beeson, 1960: 40; Capó, 1992: 1; Tortuero & Treviño, 1970: 217-220; Simonnet, 1960: 67). En España, los más utilizados fueron la reserpina en aves23 y la hidroxicina y protoveratrina, tanto en vacuno como porcino. El escaso rendimiento obtenido, la necesidad de adecuar las dosis y la aparición de estudios de toxicidad hicieron desistir de su uso (Capó, 1992: 6; Tortuero & Treviño, 1970: 218). Aun así, se siguieron utilizando en los denominados cócteles farmacológicos.
Es posible que, de modo paralelo al uso de estos primeros estimulantes farmacológicos en las dietas, la castración química con hormonas estrogénicas mediante implantes o alguno de los diversos métodos reproductivos que se empleaban derivasen en prácticas de promoción del crecimiento, al haberse observado un engorde más rápido que el producido tras la mera esterilización o el tratamiento (Guijo, 1947: 793-794; Carbonero, 1948: 228-231; Kochakian, Tillotson & Endahl, 1956: 231). De este modo, se daba el paso definitivo al uso de las hormonas y los antibióticos, y se iniciaba la época de auge de los modificadores metabólicos (1960-1990). La autorización de sustancias hormonales con fines promotores, principalmente para vacuno y tanto inyectables como adicionadas al alimento, se estableció en España en 1956, año en que también fueron autorizadas por la Food and Drug Administration24.
Una vez se observaron sus efectos, la venta de estos promotores se disparó y su utilización sin el adecuado control facultativo se multiplicó en pocos años. El uso de uno de los grupos de sustancias más precoces, los tireostáticos, se prolongó notablemente en el tiempo, tanto en vacuno de carne como en aves (Guijo, 1947: 804; Recio, 1985: 38). Los productos que destacaron fueron los derivados del imidazol (mercaptoimidazol y carbimazol); los del uracilo (tiouracilo o propiltiouracilo) y los tiocianatos y glucosinolatos de las plantas (Reig, 2010: 11; Sitar & Thornhill, 1972: 140-148; Torres, 1990: 18).
A principios de 1960, la legislación española fue permisiva, y consideró a ciertos agentes anabolizantes aptos y adecuados para ser incluidos en la formulación de los piensos y con buenas propiedades estimulantes del crecimiento (Juana, 1962: 165; Tortuero & Treviño, 1970: 254). Paulatinamente, se empezó a dar uso masivo a los estrógenos naturales y sintéticos. Un ejemplo de los últimos, el dietilestilbestrol, tuvo escasa aceptación en un principio al existir en España pocas cabezas de bovino de alto rendimiento cárnico25 (Borregón, 1992: 3).
Los estrógenos se administraron principalmente formando parte de la ración y en general asociados a terramicina o aureomicina, acción que reportaba notables ganancias de peso en los animales y un significativo ahorro de pienso (Tortuero & Treviño, 1970: 257; Montilla, 1971: 64). En general, se prefirió utilizarlos mediante implantes26, aunque en el caso de los cerdos se desaconsejó su uso, tanto por sus características fisiológicas como por los escasos resultados que reportaban.
Bien entrada la década de 1960, se intentó potenciar en el mercado español el uso de otras sustancias hormonales, como el sinestrol, el hexestrol o el dienestrol, tanto por vía oral como mediante implantes subcutáneos. Incluso, se emplearon con escasos resultados productos como la somatotropina o la progesterona en la producción láctea o las gonadotropinas añadidas al pienso (Castellá, 1999b: 52). También se probó suerte con algunas hormonas masculinas, como la testosterona, usada generalmente en aves, o la metiltestosterona y el metilandrostenodiol, pero su precio prohibitivo mermó su uso (Ferrer, 1967: 42-45; Tortuero & Treviño, 1970: 195-199).
4. La revisión del modelo intensivo basado en promotores
Las medidas adoptadas para incrementar la producción agroganadera y la política de uso de las sustancias promotoras permitieron a Europa ser autosuficiente en menos de dos décadas tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la situación desembocó en un mercado incapaz de absorber los recursos producidos y garantizar los ingresos de los productores (Jasiorowski, 1983: 6, 21; Martiin, Pan-Montojo & Brassley, 2016: 267-274).
El planteamiento comunitario modificó sus objetivos y a partir de 1970 intentó estabilizar y orientar el mercado interno, equiparar las rentas del eslabón primario a las de otros sectores y establecer un sistema de precios adecuados para los productos alimentarios (Valdés, 1969: 40, 43; Escribano, 2007: 563). Para ello, se empezaron a utilizar instrumentos económicos, como subvenciones y acciones reguladoras, o prohibiciones, que algunos países comenzaron a implantar de modo individualizado para proteger sus producciones y garantizar sus intercambios (Dibner & Richards, 2005: 635; Zoido, 2001: 5; Collantes, 2019: 44-52). España siguió esta misma línea desde finales de la década de 1970 de cara a su incorporación a la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986. Esta política proteccionista iniciada por Europa desencadenó fuertes reacciones en terceros países, en particular en los Estados Unidos, acostumbrados a producir y exportar masivamente al Viejo Continente, que desarrollaron medidas tendentes a garantizar su comercio exterior.
El esquema de intensificación ganadera y las estrategias para incrementar la producción empezaron a cuestionarse. Otro factor adicional fue la posible repercusión de los promotores sobre la salud de los consumidores, uno de los temas que más inquietaba a las autoridades durante las últimas tres décadas del siglo xx (Rodríguez Rivas, 1980: 3). Esta duda tuvo repercusión social y científica y dio lugar a dos vertientes: una defensora a ultranza del uso de los anabolizantes y otra totalmente contraria. En consecuencia, la comunidad científica se vio obligada a explicar sus efectos fisiológicos, las implicaciones de su uso y sus limitaciones, y los efectos adversos. Surgió un debate de grandes dimensiones que con el paso de los años fue sumando más factores condicionantes, como la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental, el bienestar animal o la salud pública.
Durante las décadas de 1970 y 1980 la política europea sobre adición de sustancias estimulantes a la alimentacion del ganado se fue modificando. En 1970, la Directiva 70/52427 restringió las concesiones a las fábricas de piensos limitando las cantidades máximas de promotores y permitiendo el uso de un único antibiótico por pienso, y solo de aquellos antibióticos no destinados a acciones terapéuticas28 (Dibner & Richards, 2005: 635; Castellá, 1999a: 12). Una medida similar se había planteado en España una década antes con la publicación de normativa en los años 1957 y 195829. Según esta, los antibióticos empezaron a precisar una autorización específica como «ingredientes especiales activos», con una limitación máxima de 50 mg/kg de pienso30. Posteriormente, la Orden de 4 de marzo de 1964 prohibiría el empleo de estrógenos, arsenicales y antimoniales en piensos para aves (Tortuero & Treviño, 1970: 258).
En vacuno, desde 1970 en España se emplearon productos hormonales, como el 17-β-estradiol, la progesterona, el zeranol y el acetato de melengestrol mediante implantes (Lauderdale, 1983: 205; Tortuero & Treviño, 1970: 195; Brown, 1983: 191)31. En el caso de las aves destacaron los antitiroideos y en los suidos, los antibióticos (Castellá, Espejo & Castellá, 1984: 29-37; Lázaro, 1980: 23; Borregón, 1992: 3).
Simultáneamente, a partir de 1971 se empezaron a difundir algunos efectos negativos asociados al uso de los tiouracilos (antitiroideos) en ganado vacuno y aviar, con la aparición de un síndrome de hipotiroidismo y alteraciones en animales gestantes (Finzi, 1974: 252-253; Recio, 1985: 190). El uso desmedido de estos últimos productos, al añadirse fácilmente a la dieta, derivó en su prohibición definitiva en 1977 mediante real decreto –actualmente derogado– y cuatro años más tarde en toda la Comunidad Europea (Directiva 81/602)32. Posteriormente, los Reales Decretos 1423/1987 y 1262/198933 refrendaron la postura comunitaria, pero, pese a la restricción, su uso fraudulento se prolongó durante la década de los años ochenta. Probablemente, la presión ejercida por los consumidores, que saboreaban carnes de calidad organoléptica inferior, y su fácil detección en el matadero34 llevaron a los ganaderos a sustituir estas sustancias por otras más difíciles de hallar (Borregón, 1992: 4; Sanz Lafuente, 2013: 85-107).
Es entonces cuando se empieza a hacer efectiva en España la lucha contra el uso abusivo de los promotores, hecho que se dilató en el tiempo durante más de tres décadas35. El detonante que propició estas actividades se remonta a 1973, cuando los veterinarios empezaron a observar la formación de charcos de agua bajo las canales en casi todos los mataderos de las regiones más ganaderas (Torres, 1990: 19). Pronto, las autoridades sospecharon del uso de lo que se denominaban en Europa polvos para engordar (productos con muy buenos resultados, administrados a los animales sin receta) e iniciaron la toma de medidas.
Hasta 1980, diferentes países europeos tuvieron parcialmente regulado el uso de estimulantes del crecimiento de naturaleza hormonal, pero no existió una normativa comunitaria que armonizase esta situación hasta 1981. Se promulgó entonces la Directiva 81/602, por la que se prohibía la utilización como promotores de compuestos de naturaleza hormonal, salvo ciertas excepciones36. Aun así, la enorme demanda del sector ganadero permitió que prosiguieran investigaciones para encontrar nuevos productos hasta bien entrada la década de 1980, cuando aparecieron los β-agonistas. El Comité Mixto FAO/OMS37 y otras instituciones internacionales mostraron un enorme interés por estos nuevos productos, y en sus reuniones se recopiló mucha información sobre los preparados de mayor efecto.
Otras sustancias se mantuvieron con fines promotores hasta casi 1990, como es el caso de ciertos carbamatos, los nitrofuranos38 o los antibióticos, estos últimos sumidos en un intenso debate al relacionarse su uso masivo con la aparición de resistencias bacterianas. De nuevo se avivaron las críticas que cuestionaban el sistema intensivo de producción y se desencadenó una política prohibitiva en cascada, iniciada por Suecia cuando aún no era miembro de la CEE (Nordéus, 2019: 251, 254; Rodríguez Castañón, 2007: 2470). Esta situación llevaría a la total y definitiva supresión de estas sustancias como promotores en 200639 (Koluman & Dikici, 2013: 66).
A pesar de la intensidad del debate originado por los posibles efectos adversos de los estimulantes del crecimiento y las sucesivas restricciones legislativas, en el campo se continuaron utilizando ciertos promotores mientras estuvieron permitidos, antibióticos y β-agonistas. Incluso se emplearon de modo fraudulento durante algunos años más40.
En la década de 1980 la polémica rebasó la línea divisoria entre un problema sectorial, ganadero o de laboratorio, pasando a preocupar notablemente a las autoridades comunitarias y a influir en políticas y acuerdos comerciales. También tuvo una repercusión en los hábitos alimentarios de la población (Rodríguez Rivas, 1980: 2-4). Por todo ello, en España se desarrolló legislativamente el Plan Nacional de Investigación de Residuos (PNIR)41, que permitió corroborar la existencia del uso ilegal de estos productos, sobre todo en los primeros años tras su implantación42.
Por otro lado, para paliar los efectos de la política productivista promovida tras la revolución verde, que permitió la mecanización del campo europeo y coadyuvó a la intensificación ganadera, se establecieron nuevas medidas entre las que se encontraba un importante cambio en el planteamiento inicial de la PAC. El segundo «Informe Mansholt» y el Paquete Delors de medidas, aprobados en los años ochenta, permitieron instaurar un sistema de producción basado en cuotas ganaderas y en la intervención con la consecuente reducción de la población agraria (Martínez López, 1996: 51; Llorente, 1996: 197). Este hecho asustó a las organizaciones profesionales agrarias y, para no desestructurar el sistema de abastecimiento alimentario, se plantearon todo tipo de medidas tendentes a reducir la producción, pero sin desestabilizar al eslabón primario europeo (Jasiorowski, 1983: 6).
En ganadería, la idea de la prohibición de los promotores por causas sanitarias se contempló como una solución arbitraria, pero tal vez una de las más efectivas frente a los excedentes cárnicos (Estévez Reboredo, 2016: 112). La gran cantidad de estudios contradictorios en cuanto a la seguridad y eficacia de muchos de estos productos, la preocupación creciente por el problema de las resistencias bacterianas (Dibner & Richards, 2005: 634) y, principalmente, la necesidad imperiosa de proteger las producciones influyeron y justificaron finalmente la decisión, que se aplicó de modo progresivo a las diferentes categorías de sustancias durante más de veinte años (1980-2006).
En un ambiente tenso, la pugna por mantener el comercio agroalimentario estable, unida al afán de salvaguarda de los Estados Unidos, llevaron a este país a interponer un recurso a Europa en 1996. Sus consecuencias se han prolongado más de dos décadas. Finalmente, las partes parecen haber llegado a un acuerdo parcial mediante el Memorando de Entendimiento firmado en 2014. A pesar del acuerdo y de la insistencia de la Organización Mundial del Comercio en la gestión de intercambios dentro de un mercado globalizado, siguen existiendo muchos intereses comerciales y económicos implicados, tanto en el seno de la Unión Europea como en el mercado mundial de alimentos.
En esta línea, las pretensiones comunitarias se mantienen inamovibles y abogan en la actualidad por una producción que pueda competir en un mercado exterior saturado, centrándose cada vez más en el valor añadido de ser sistemas sostenibles, comprometidos con el medio ambiente y preocupados por ofrecer productos sanos a una población muy exigente con la seguridad alimentaria (Escribano, 2007: 569; Llorente, 1996: 196; Nordéus, 2019: 256). Para hacer frente a estas exigencias, los núcleos de producción primaria en Europa han tenido que adaptarse a las normativas de eliminación de residuos, política ambiental, sanidad y bienestar animal. Unas condiciones sumamente exigentes que en muchos casos han reorientado el sistema productivo o han precisado de grandes remodelaciones de las explotaciones (Gil Meseguer & Gómez Espín, 2001: 188). Todas estas características han llevado al mercado comunitario a erigirse en garante de excelencia en calidad y seguridad alimentaria, lo que hace que sea competitivo frente a las producciones y exportaciones de terceros países (Sanz Lafuente, 2013: 85-86).
5. Conclusiones.
El proceso de transformación y reconversión de las pequeñas granjas familiares en grandes núcleos de producción especializada, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea se considera un hecho consecuente a la confluencia de múltiples factores propicios. Entre ellos se encuentran aspectos económicos, demográficos, sanitarios, mercantiles y políticos acontecidos desde la revolución industrial y de modo precipitado tras la Segunda Guerra Mundial. Esta transformación constituyó la auténtica revolución del sistema de abastecimiento de alimentos en las últimas décadas del siglo xx y se llevó a cabo gracias a la industrialización de la producción agraria, la intensificación ganadera y la utilización de determinadas sustancias que permitieron mejorar las producciones animales.
Con relación a la administración de sustancias potenciadoras del desarrollo corporal, resulta destacable el uso inicial de preparados naturales. Estos dieron paso posteriormente a productos farmacológicos destinados a otros fines, que de modo colateral producían una alteración del metabolismo del crecimiento/engorde. Desde 1950, se observa la progresiva incursión en el mercado de los llamados promotores tradicionales: tireostáticos, antibióticos, hormonas y β-agonistas. Todos ellos actualmente prohibidos en la Unión Europea para estos fines.
Como consecuencia de la intensificación de la producción pecuaria, al uso exagerado de ciertos promotores y a la preocupación por la salud pública, se fueron generando importantes conflictos comerciales y de regulación en la política agroganadera comunitaria (con plena integración de España desde 1986). Este conjunto de hechos promovió las restricciones/prohibición en el uso de los anabolizantes, la revisión del modelo productivo basado en estas sustancias y, como resultado final, la reorientación de los sistemas intensivos ganaderos.
Actualmente, las pretensiones comunitarias abogan por una producción sostenible, con un distintivo de calidad y seguridad, donde no hay cabida para los promotores tradicionales, pero sí se permiten ciertas prácticas de mejora genética y la administración de sustancias denominadas naturales. Estos condicionantes se enfrentan a los intereses de terceros países con los que se trata de llegar a acuerdos. En definitiva, este es el escenario en el que evoluciona la explotación agropecuaria actual y el sistema de abastecimiento alimentario, inmerso en un complejísimo mercado globalizado.
Agradecimientos
Este artículo se ha desarrollado a partir de una idea primigenia planteada en la tesis doctoral Estudio histórico del uso y prohibición de los promotores del crecimiento en la ganadería española (Estévez Reboredo, 2016), que ha servido como pilar para ampliar la línea de investigación incluyendo un enfoque más agrario.
Queremos agradecer la importante aportación de los evaluadores anónimos de Historia Agraria, así como la de los editores, cuyas ideas han servido para mejorar el texto y dar una visión globalizada de un problema actual, escasamente tratado desde un punto de vista histórico.
A su vez, los autores desean mostrar su agradecimiento a las doctoras Belén de Alfonso Alonso-Muñoyerro y Gema Silván Granado por su inestimable ayuda en la redacción de este trabajo.
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↩︎ 1. Véanse a modo de ejemplo, Aganzo & Dualde (1997: 52), Clar (2005: 523), Lanero (2016: 2-3), Aparicio (1961: 10), y Serrantes & Lorenzo (2007: 30).
↩︎ 2. Índice de conversión: medida de la eficiencia de los animales para convertir la masa de pienso ingerida en un aumento de su peso corporal durante un período de tiempo especificado.
↩︎ 3. A modo de ejemplo véanse Wal & Berende (1983: 75-117), Kamphues (1999: 370-379), Pleadin , Vulic & Persi (2012: 80-77) y Wagner (1983: 131-146).
↩︎ 4. En el marco del XI Congreso de Historia Agraria (Aguilar de Campóo, 2005), convocado por la SEHA, se celebró una sesión sobre «Economía alimentaria: De la era agrícola a la agroindustrial», en la que Germán (2006: 598-599) comenta a Josep Pujol las implicaciones del desarrollo industrial y la movilización agrícola, y su estrecha relación con un nuevo sistema de producción agropecuario.
↩︎ 5. Existen múltiples ejemplos regionales de la evolución agropecuaria hacia la intensificación del ganado español, entre ellos, los estudios de Carmona & Puente (1988: 181-211), Lana & Rípodas (1992: 123-146), Martínez Carrión (1991: 279-317) y Martínez López (1996: 17-57).
↩︎ 6. Principalmente Estados Unidos, Canadá, Argentina y México.
↩︎ 7. La Política Agraria Común (PAC) constituye la asociación del entramado productivo agropecuario europeo en un entorno económico de escasez; una situación que justificó el establecimiento de medidas intervencionistas y productivistas. Para revisiones posteriores sobre la PAC, véanse Collantes (2019) y Martiin, Pan-Montojo & Brassley (2016) quienes analizan en profundidad el paradigma de la gran empresa agraria europea, sus beneficios, efectos y el balance o deuda pagada desde su nacimiento hasta la actualidad.
↩︎ 8. La visión más tradicional sobre el tema del «atraso agrario» en España se discute en Pujol et al. (2001). La crisis finisecular, la importancia del desarrollo económico y los albores de la intensificación pecuaria en dicho país se analizan en varios capítulos de Garrabou (1988).
↩︎ 9. Según datos de la estadística de Fomento de 1907, recopilados en el Anuario de Estadística Agraria de 1993, se estima un censo ganadero para dicha fecha en torno a las 2.212.000 de cabezas de vacuno y 2.031.000 de porcino, censo que fue incrementando hasta el inicio de la Guerra Civil cuando la producción pecuaria sufrió un retroceso destacable ( Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación , 1993: 398). González de Molina et al (2019: 103-111) analizan esta situación por especies. Soto (2006: 198-210), en el caso de Galicia, presenta un pormenorizado análisis de las características, fiabilidad y repercusiones de los escasos censos ganaderos de la época, situación que se reitera en otros estudios ( Valle , 2011: 7-30).
↩︎ 10. Existen evidencias del establecimiento de los primeros mataderos en España en el siglo XV. Es necesario esperar hasta principios del siglo xix , cuando el Ayuntamiento de Madrid promovió la higienización y la inspección de las carnes –y posteriormente del resto de los alimentos– por parte de los veterinarios, profesionales con formación científica ( Jodra , 2016: 19, 232-233); Molina , 1914: 266-268). No obstante, durante el siglo xix y principios del siglo xx , esta actividad en medios rurales no mereció por parte de las autoridades el interés que reporta para el bien común ( Sánchez , 1915: 15). La complejidad de articular los sistemas municipales de control alimentario en España en el tránsito al siglo xx se analiza en Sanz Lafuente (2013: 85-109). La posterior reordenación de la producción pecuaria y la aparición de núcleos de intensificación ganadera desde mediados del siglo xx intensificaron la actividad de los veterinarios de inspección, hecho que sirvió para que progresivamente se reconociese su labor en una cadena de valor, calidad y seguridad de la producción alimentaria.
↩︎ 11. Tema ampliamente tratado en la obra de Fernández Prieto, de la que se extraen referencias representativas. En ellas se profundiza en las causas y efectos del retraso agropecuario tras la Guerra Civil ( Fernández Prieto , 2007; Fernández Prieto, Pan-Montojo & Cabo , 2014; Lanero & Fernández Prieto , 2016: 165-184).
↩︎ 12. El plan Acción Concertada para la Producción Nacional de Ganado Vacuno de Carne se aplicó desde el 18 de noviembre de 1964 hasta el 5 de septiembre de 1984 con sucesivas modificaciones (1966, 1972, 1975 y 1980). La última de ellas, por Orden de 22 de febrero de 1980, supuso una gran inyección de capital al sector pecuario en forma de créditos y subvenciones para instalaciones, pienso y ganado ( Naredo , 2004: 414).
↩︎ 13. Fue ampliamente apoyada por la política ganadera del franquismo a partir de 1955. Véase como ejemplo el impulso de la denominada frisonización en el ganado lechero iniciada a principios del siglo xx ( González de Molina et al., 2019: 111-112).
↩︎ 14. Decreto 2484/1967, por el que se aprueba el texto del Código Alimentario Español. En este texto se siguen los criterios del Codex Alimentarius, una compilación de normas y recomendaciones establecidas por la Comisión del Codex Alimentarius, el más alto organismo internacional en materia de normas de alimentación.
↩︎ 15. Los promotores tradicionales o modificadores metabólicos son sustancias químicas con claros efectos anabolizantes. Utilizados en la producción ganadera durante la segunda mitad del siglo xx , su orden de aparición en el mercado para estos fines fue tireostáticos, antibióticos, hormonas y β -agonistas.
↩︎ 16. Denominación usual asignada a la mezcla de productos farmacológicos que, administrados de forma conjunta, producen claros efectos promotores al combinar sus acciones de un modo sinérgico ( Martínez Mateos , 1998: 4).
↩︎ 17. Guijo (1947: 803-804) presentó en el I Congreso Veterinario de Zootecnia un resumen de los primeros usos, a principios de la década de 1940, de tireostáticos y hormonas, adicionadas al alimento o como implantes.
↩︎ 18. Paradójicamente, las mezclas enzimáticas se han vuelto a postular como opciones viables y efectivas para sustituir a los promotores tradicionales, prohibidos en la actualidad.
↩︎ 19. Véanse, para estos productos, Castellá (1992: 16), Hansson (1944: 47-48), Singsen (1960: 187-190), Runnels & Snyder (1960: 214) y Sutton (1948: 37).
↩︎ 20. El efecto promotor de los antibióticos se identificó por casualidad en la década de 1940, cuando unos animales consumieron alimentos contaminados con clortetraciclina y mejoraron su crecimiento ( Rodríguez Castañón , 2007: 2466).
↩︎ 21. Aunque se introdujeron en medicina en 1907, su uso en veterinaria se pospuso a la década de 1920, cuando empezaron a ser utilizados como agentes engrasantes en algunas fórmulas magistrales. Desde 1940 su utilización se destinó a profilaxis frente a la coccidiosis aviar y la disentería hemorrágica porcina. Los productos de elección fueron el ácido arsanílico y su sal sódica.
↩︎ 22. Su uso se fomentó hasta tal punto que la prensa de divulgación ganadera llegó a publicar artículos específicos. Véase, a modo de ejemplo, Bernaldo de Quirós (1962: 39-40).
↩︎ 23. Rauwolfia en otros países.
↩︎ 24. La Agencia Federal Estadounidense para la Protección del Consumidor (FDA) otorgó la autorización inicial en 1956 a seis promotores de naturaleza estrogénica y androgénica. En ella se especificaba su idoneidad para ganado vacuno.
↩︎ 25. Según datos de 1965, el censo de vacuno altamente eficiente asciende a 176.000 machos y 620.000 hembras ( Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación , 1993: 403).
↩︎ 26. La implantación de tabletas se realizaba en zonas que se desecharían tras el faenado (la base del cuello o tras la cresta en aves y pollo broiler, y en la oreja o base del cuello en rumiantes).
↩︎ 27. Directiva 70/524/CEE, sobre aditivos en la alimentación animal.
↩︎ 28. Tras la publicación de la Directiva 70/524/CEE, los antibióticos permitidos para ser adicionados al pienso serían: bacitracina, espiramicina, virginiamicina y monensina. A su vez, de forma provisional se permitía el uso de salinomicina, avilamicina y efrotomicina. Sin embargo, la Directiva 76/296 y la Directiva 78/58 retiraron la aprobación para algunos de ellos ( Rodríguez Castañón , 2007: 2467).
↩︎ 29. Decreto de 22 de febrero de 1957, sobre regulación de la fabricación de piensos compuestos y correctores y de las condiciones que debían reunir los piensos compuestos y sustancias correctoras, materias empleadas en su elaboración y otros productos destinados a la alimentación del ganado; Orden de 11 de noviembre de 1958, por la que se aprueban disposiciones complementarias a la anterior.
↩︎ 30. Cualquier uso superior a 50 mg/kg de pienso se consideraba terapéutico ( Juana , 1960: 25). Esta premisa restringió la utilización de determinadas moléculas en ciertas especies por precisar dosificaciones que superaban el rango máximo establecido. Además, se exigió que fueran agentes de amplio espectro, palatables, de buena biodisponibilidad y por supuesto no tóxicos.
↩︎ 31. Algunas de las referencias seleccionadas corresponden a autores extranjeros, pero los datos pueden extrapolarse a España. La información ha sido contrastada con revistas de divulgación ganadera de tirada nacional y con documentos publicados en la compilación de resúmenes del Simposio OIE «Anabólicos en Producción Pecuaria: Aspectos de Salud Pública, Métodos de Análisis y Reglamentaciones», celebrado en París en 1983.
↩︎ 32. Directiva 81/602, referente a la prohibición de determinadas sustancias de efecto hormonal y de sustancias de efecto tireostático.
↩︎ 33 . Real Decreto 1423/1987, por el que se dan normas sobre sustancias de acción hormonal y tireostática de uso en los animales; Real Decreto 1262/1989, por el que se aprueba el Plan Nacional de Investigación de Residuos en los Animales y las Carnes Frescas.
↩︎ 34. Frecuentemente el estudio macroscópico de una tiroides hipertrofiada y su peso eran suficientes para evidenciar el posible uso de tiouracilos.
↩︎ 35. Este hecho puede ser comprobado en la documentación conservada en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (ARCM), reflejo de la preocupación de las autoridades ante el uso de sustancias para el engorde animal. Véanse, por ejemplo, ARCM, 000113069/0005, exp. P.E. 157/1992 R-2172, en referencia al control de sustancias para el engorde artificial de animales, y ARCM, 000170121/0041, exp. PE1695/1998R-10073, relativo a las medidas tras la decisión de la Comisión Europea de 9 de julio, plan de vigilancia para la detección de residuos o sustancias en los animales vivos y sus productos.
↩︎ 36. La Directiva 81/602 establecía como excepciones el 17- β -estradiol, la progesterona, la testosterona, el acetato de trenbolona (TBA) y el zeranol. Por ello, se entendían prohibidos en Europa los tireostáticos y todas las sustancias hormonales sintéticas menos el TBA y el zeranol.
↩︎ 37. Comité científico administrado conjuntamente por estos dos organismos. Fue creado en 1956 para evaluar la inocuidad de los aditivos alimentarios y, actualmente, es órgano consultivo del Codex Alimentarius.
↩︎ 38. Los nitrofuranos se prohibieron por normativa comunitaria en la década de 1970, salvo el Nitrovín (laboratorios Cyanamid), que persistió como promotor en España hasta finales de los años ochenta, al no absorberse por el tracto intestinal.
↩︎ 39. Reglamento (CE) 1831/2003, sobre los aditivos en alimentación animal.
↩︎ 40. Hecho que puede ser constatado en la abundante documentación relativa a la lucha frente a prácticas fraudulentas. Como ejemplo, en el ARCM existe información relativa a preguntas parlamentarias, expedientes de control de residuos en animales vivos o sus productos (1997-2004), designaciones de técnicos para el asesoramiento ante denuncias, etc. Véanse algunos ejemplos representativos: ARCM, 000170096/0049, exp. PE-1408/1997R-5748, 1997, relativo a las medidas para prevenir el consumo de carne de reses tratadas con clembuterol y sancionar a los laboratorios que facilitan clembuterol a los ganaderos; ARCM, 000170118/0041, exp. PCOC58/1998R-2358, 1998, en relación a las medidas para erradicar el fraude a los consumidores y los riesgos a la salud pública de productos para las reses como clembuterol o productos afines; ARCM, 000170120/0015, exp. PE-1440/1998R-7758, 1998, relativo al análisis de detección de clembuterol en músculo y pelo de animales de abasto y para determinación de los β -agonistas.
↩︎ 41. Real Decreto 1749/1998, por el que se establecen las medidas de control aplicables a determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos. Transposición de la Directiva 96/23/CE.
↩︎ 42. En el Atlas de la Sanidad en España, en 2002 (tras cinco años de vigencia del PNIR) se especifica el porcentaje de muestras con hallazgos de sustancias prohibidas en ganadería, que se corresponden con un 7,4% y un 4,3% de las muestras tomadas dentro del Plan de Sospechosos y del Plan Dirigido, respectivamente ( Ministerio de Sanidad y Consumo , 2003: 18-21).